La aprobación de la reforma constitucional al régimen de transferencias es una de la piezas clave del rompecabezas de las transformaciones neoliberales en materia educativa durante de la última década. Si bien el nuevo régimen constitucional no da cuenta aún de manera explícita de los escenarios definitivos que la política neoliberal pretende configurar, es evidente que se han constituido unas condiciones marco propicias para adelantar -mediante desarrollos legales principalmente propósitos de política educativa con un doble sentido: Primero, someter la educación pública a los dictados de la política macroeconómica, particularmente de la política monetaria y cambiaria. Segundo, "organizar" la educación pública de manera definitiva de acuerdo a las reglas del mercado capitalista.
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