Mientras que el Gobierno de Gaviria negocia en Caracas con la coordinadora Guerrillera la posibilidad de una salida política al conflicto armado, en el frente tributario ha decidido declararle la guerra a los trabajadores colombianos, aprovechando su debilidad política y organizativa, la cual les impide, por ahora, enfrentar con posibilidades de éxito la serie de impuestos y sobretasas que echó mano de una importante porción de sus ingresos.
En los últimos meses se ha concretado un verdadero plan de redistribución regresiva del ingreso, que al expropiar a la población de parte de sus fondos de consumo, busca garantizar la política monetarista de equilibrio fiscal, cubrir los costos económicos de la guerra contrainsurgente y financiar parcialmente el llamado proceso de apertura económica.