Uno de los aspectos de mayor controversia dentro del orden constitucional surgido de 1991, se refiere al régimen económico. Al respecto son apreciables diversos enfoques en el análisis: De una parte, aquellos en los que la reflexión sobre el ordenamiento constitucional se encuentra circunscrita a la interpretación sobre las configuraciones específicas de las relaciones entre el Estado y el mercado. En dicha perspectiva, son apreciables interpretaciones que van desde la caracterización del ordenamiento constitucional como uno de intervencionismo de Estado, hasta quienes consideran la conceptualización del régimen económico como uno de economía de mercado. Sobre esas dos posturas aparentemente extremas, se encuentran posiciones que podrían catalogarse de intermedias cuando, al intentar determinar el régimen económico y hacerlo compatible con la definición constitucional del Estado, construyen una síntesis entre Estado social de derecho y economía de mercado a través del concepto de "economía social de mercado". Esta última perspectiva permite además el despliegue de un discurso sobre las potencialidades de construcción democrática, que posibilitaría la Carta de 1991. De otra parte, se encuentran los enfoques que consideran la Constitución de 1991 como un componente de las transformaciones neoliberales del Estado y de la nueva fase histórica del capital. En esta perspectiva, el régimen económico, además de dar cuenta de dichas transformaciones, establece –en la forma de interpretación constitucional o de posibilidades de desarrollo legal- opciones para nuevas prefiguraciones del ordenamiento que permiten dotar de legalidad las estrategias propias de la reestructuración capitalista en marcha.