Con el propósito de habilitar mejores condiciones para la implementación del Acuerdo de paz suscrito entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional, en el capítulo de implementación (Punto 6) se consideró la necesidad de traducir todo el contenido de lo convenido a procesos de planeación y de política pública. En es sentido, se acordó la formulación de un Plan Marco de Implementación – PMI, para un período de implementación concebido inicialmente a 10 años. Asimismo, por ser el PMI un plan indicativo, se pactó por las partes que en el Plan Nacional de Desarrollo de los sucesivos gobiernos debía incorporarse un capítulo específico de la implementación del Acuerdo, para que de esa manera los contenidos del Acuerdo hicieran parte de las políticas públicas a adelantar durante los respectivos cuatrienios presidenciales y pudieran concretarse en programas y proyectos de inversión. Se buscaba garantizar al mismo tiempo que el proceso de implementación contara con la correspondiente financiación y asignación de recursos de presupuesto.
En la fase de implementación temprana del Acuerdo, las partes elaboraron conjuntamente el PMI. El Consejo Nacional de Política Económica y Social expidió el 29 de junio de 2018 el Documento CONPES 3932 de "Lineamientos para la articulación del Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final con los instrumentos de planeación, programación y seguimiento a políticas públicas del orden nacional y territorial" 1 . El texto íntegro del PMI quedó incorporado a tal documento. Por parte del componente FARC de la CSIVI se dejaron sentadas salvedades 2 , dentro de las cuales se destacan - para efectos del presente texto – su desacuerdo con la extensión unilateral del tiempo de la implementación a 15 años y con el monto estimado del valor de la implementación de 129,5 billones de pesos, el cual indicaba un insuficiente compromiso de inicio por parte del Gobierno con la financiación del Acuerdo (que adujo razones de una situación fiscal crítica) y se encontraba distante de las estimaciones de financiación formuladas por la Contraloría General de la Nación, institución que estimó el costo de la implementación en más de 220 billones de pesos.