Desde el inicio del proceso de implementación del Acuerdo de Paz se ha venido configurando su desfinanciación, causada por lo que denominamos precariedad de origen en la definición del monto y en la estructura de asignación y de las fuentes de recursos, y en la morosidad en la ejecución presupuestal. Dicho proceso se ha fortalecido e incrementado por la discrecionalidad en la destinación de los recursos que viene imponiendo el gobierno de Iván Duque Márquez, en evidente desconocimiento de la senda trazada por el Plan Marco de Implementación y las disposiciones regulatorias sobre la materia.
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