En diversos sectores de la opinión —desde el movimiento popular hasta la academia— ha cobrado fuerza la tesis de la criminalización de la protesta social, para caracterizar la forma como el Estado capitalista enfrenta expresiones de la resistencia o de la desobediencia civiles en el actual proceso de consolidación de una nueva fase de acumulación de capital en Colombia.
Tal apreciación se fundamenta por lo general en los cambios operados en la administración de justicia con la introducción del sistema acusatorio después del Constituyente de 1991. De igual manera, en la tendencia a la "politización" de la justicia —especialmente de la Fiscalía General de la Nación— y su instrumentalización en función de los propósitos del orden global en proceso de construcción.
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