A dos años de iniciado el gobierno de Iván Duque debe recordarse que su victoria electoral se produjo gracias al consenso pragmático entre sectores mayoritarios de las clases dominantes, los grandes poderes económicos y los principales partidos políticos del establecimiento para impedir que se produjera la llegada a la presidencia del proyecto "progresista", liberal social y de "buen capitalismo" representado por Gustavo Petro. Es sabido también que para el logro del resultado electoral fue importante la postura asumida por quien pretendía fungir como tercería, el candidato Sergio Fajardo, de apariencia neutra, pero en realidad y con efecto práctico favoreciendo a quien a la postre resultaría ganador. La dinámica electoral se había llevado a tal extremo que la elección se planteó entre quien representaba la continuidad y preservación del orden social vigente y quien —sin abanderar un programa para su superación— propugnaba por la introducción de reformas de diversa naturaleza y alcance. Una vez más, en la elección de 2018, se pusieron en evidencia las resistencias sistémicas históricas contra la posibilidad de la reforma. Estas ya se habían expresado desde que se iniciaron los diálogos y negociaciones en La Habana, con la firma del Acuerdo Final con las FARC-EP y durante la fase inicial de la implementación, en la que se habían advertido de manera temprana tendencias al incumplimiento y a la perfidia estatal y gubernamental. Por eso no debió sorprender que sectores que habían apoyado la firma del Acuerdo y luego sus primeros desarrollos normativos y de política pública terminaran en ese momento del lado del proyecto político más extremista de la derecha colombiana, representado por la candidatura de Iván Duque.