Reflexiones para una comprensión del momento político

editorial78

Las objeciones presidenciales al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz son la evidencia más contundente de la enorme distancia que hay entre la retórica gubernamental acerca del compromiso con la implementación del Acuerdo de paz y las actuaciones adelantadas en forma mancomunada entre el poder ejecutivo, la bancada del Centro Democrático y sus aliados más cercanos en el Congreso de la República. A ello se agrega la trama que han montado esos dos poderes públicos con la obligación de incorporar en el Plan Nacional de Desarrollo un capítulo específico de la implementación (PPI) para atender lo ordenado explícitamente por el acto legislativo 01 de 2016, en su artículo 3.º, el Documento CONPES 3932 de 2018 y el Plan Marco de Implementación. En ambos casos se está demostrando que el camino por el que ha optado la facción del bloque de poder que hoy gobierna al país, es el de avanzar hacia la consumación de la perfidia. 

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