Los hechos recientes que comprometen a miembros de la Corte Constitucional son una demostración más de la profunda crisis institucional y de legitimidad en la que se encuentra el Estado colombiano. El asunto no puede ser abordado con base en el argumento de las "manzanas podridas" o de la responsabilidad individual de agentes del Estado que se desvían moralmente en sus comportamientos. Aunque a primera vista se muestre así y pueda ser considerado de esa forma, en realidad estamos frente a una cuestión que estremece los fundamentos del sistema de justicia. Y que lleva a preguntarse acerca de la capacidad de respuesta y de los alcances de tal sistema en el contexto de los diálogos entre la guerrilla de las FARC-EP y el Gobierno nacional.
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