Durante el último cuatrienio se asistió a una transformación sustancial del marco jurídico-institucional de la educación pública (básica y media) en el país. La política educativa fue traducida de manera casi perfecta al lenguaje del derecho. De esa forma fue dotada con el don de la legalidad. El nuevo concepto de financiación y las tendencias de privatización aparecen ahora como "mandato de la ley" y como "reglas de juego" rediseñadas para mejorar la cobertura y la calidad de la educación en Colombia. En realidad, se ha puesto en marcha una gran ofensiva contra el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes y se pretende convertir ese derecho en una mercancía. De ello da cuenta precisamente la marcada influencia de los aspectos económicos y financieros en el diseño de la política educativa y del nuevo ordenamiento institucional, y el hecho de que las consideraciones culturales y pedagógicas hayan quedado relegadas en buena medida a un segundo plano. El debate que se ha desplegado en torno a los problemas de la calidad de la educación, en especial en relación con la cuestión de las competencias básicas, también ha estado preso por las determinaciones económicas y financieras, y por un concepto de calidad en cuanto atributo a ser medido de acuerdo a lo propio de cualquier forma mercantil.