Los resultados de las elecciones parlamentarias han puesto una vez más en evidencia la estrechez del sistema político y de representación existente en el país, así como el fracaso de los diseños de la Constitución de 1991 y de sus desarrollos legales en lo referido a la pretensión de la construcción de un régimen político democrático (liberal) e incluyente. Aunque numerosos análisis manifiestan sorpresa y hasta desencanto frente a los resultados, la realidad es que éstos –siendo rigurosos– no están nada distantes de lo esperado.
Lo que ha ocurrido es una nueva escenificación del régimen de democracia gobernable que se ha impuesto en el país durante las últimas décadas tras el fin del Frente Nacional y la "salida política" a la crisis de representación de fines de la década de 1980 con el proceso constituyente y la expedición de la Carta de 1991. Dicho régimen ha devenido en una democracia de la simulación, a la que se encuentran adheridos el clientelismo histórico y los grandes poderes económicos y mafiosos (incluido el paramilitarismo), y en el que las opciones alternativas han sido sometidas al disciplinamiento hasta reducirlas a la condición de una (necesaria) oposición política y, en el mejor de los casos, para que se autodefinan como alternativas en el sistema.