Tras la firma de los acuerdos sobre cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades y dejación de armas el pasado 23 de junio del año en curso, se ha venido propagando la idea de que la firma del Acuerdo final entre el Gobierno nacional y las FARC-EP es un asunto de mera carpintería. En realidad, las Partes deben sortear cuando menos dos laberintos para alcanzar ese propósito. El primero resulta de los aspectos que aún se encuentran pendientes. Su sólo enunciado indica que el cierre de la negociación es de suma dificultad, pues se trata de los asuntos relacionados con la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, en lo político, lo económico y lo social, "de acuerdo con sus intereses", como reza en la Agenda, y de la implementación y la verificación de todo lo acordado. Las Partes han demostrado en todo caso que si existe la voluntad y la decisión es posible encontrarle a ello una solución política, tal y como se ha evidenciado a lo largo de la negociación y, sobre todo, en momentos de extrema tensión y dificultad. El segundo laberinto, por su parte, proviene de la particularidad del proceso de La Habana en cuanto que ‒a diferencia de otras experiencias internas e internacionales‒ se ha puesto de manifiesto que, junto con el acuerdo político, se precisa una solución jurídica, no sólo para darle fuerza normativa a lo acordado, sino para generar condiciones más propicias para su implementación a través de los correspondientes desarrollos normativos (constitucionales, legales, reglamentarios, administrativos, y de política pública).