La probable aprobación por parte del Congreso del llamado marco jurídico para la paz viene siendo presentada en la opinión pública como la mayor concesión que podrían hacer las clases dominantes para contribuir a una salida política al conflicto colombiano. Su apoyo irrestricto por parte del gobierno se considera al mismo tiempo como una muestra contundente de la voluntad de paz del presidente Santos. El hecho que el proyecto haya sido consultado con Kevin Whitaker, subsecretario de Estado para América Latina del gobierno de Obama, y con José Manuel Vivanco, de la ONG Human Rights Watch, le concede a la iniciativa una connotación relativamente inusitada: se habría recibido la bendición de dos importantes instituciones de la política exterior del establecimiento estadounidense. Por otra parte, la oposición de sectores militaristas y de ultraderecha, incluido el ex presidente Uribe con sus maniobras de última hora, le da unos ribetes adicionales. Si se oponen éstos, debe ser porque algo grande está en curso.