A poco más de un año de los acuerdos de La Habana celebrados entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional es necesario señalar que la implementación es un campo en disputa y al mismo tiempo un proceso que compromete el futuro de la presente y de las siguientes generaciones de colombianos y colombianas.
Esa consideración permite explicar la aguda confrontación entre las fuerzas políticas y sociales que se resisten a cualquier propósito de reforma o que conciben los acuerdos de paz como la simple absorción sistémica de la rebelión armada, por una parte, y aquellas que pretenden desatar la potencia transformadora contenida en lo acordado hacia transformaciones más profundas de la sociedad colombiana, por la otra.
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