La firma de Acuerdo Final entre el Gobierno de Santos y las FARC-EP representa sin duda el hecho político más importante de las últimas décadas en el país, con capacidad cierta de generar una inflexión histórica orientada a desatar un ciclo reformista que avance en aplazados propósitos de democratización política, económica, social y cultural del campo popular. Si durante los años anteriores el centro del debate político estuvo referido a la posibilidad de suscribir un acuerdo y en parte a los contenidos de los diálogos y negociaciones, ahora –tras la superación del escepticismo de algunos sectores y de la feroz oposición de la ultraderecha y el militarismo, y con el cierre del Acuerdo Final– el mayor interés se ha trasladado al análisis y la valoración de lo convenido, así como a las condiciones de su implementación y verificación, en medio de la aguda contienda política por la refrendación a través del plebiscito.