La implementación del Acuerdo Final entre el Gobierno y las FARC-EP ha resultado mucho más compleja de lo esperado. En honor a la verdad, las FARC-EP han cumplido a cabalidad con lo que les corresponde en la fase inicial. Primero, han cumplido con el cese bilateral de fuegos y hostilidades definitivo (lo cual debe predicarse también de las Fuerzas Militares). Salvo incidentes menores y aislados, puede afirmarse que no hay hecho de guerra alguno que pueda registrarse en las estadísticas de la confrontación entre Gobierno y FARC-EP. Segundo, se ubicaron en las zonas de pre-agrupamiento que no estaban previstas en el Acuerdo y luego sin que una sola de las 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización - ZTVN estuviera aprestada, se trasladaron a ellas, ubicando una fuerza cercana a los 7.000 guerrilleros y guerrilleras. Se sabe que vienen contribuyendo a los alistamientos de la infraestructura, tarea que en sentido estricto no les corresponde. Tercero, una vez definidos los protocolos sobre la salida de menores de los campamentos, se está adelantando ese proceso, como ha sido certificado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Cuarto, se ha informado que comenzó la dejación de armas y que si el cronograma convenido no se ha atendido no ha sido por falta de voluntad, sino por las condiciones de las ZVTN, que lo han impedido: no ha estado dispuesta la capacidad técnica para que ello ocurra.