Durante los últimos años se ha asistido a la consolidación del proyecto neoliberal - neoinstitucional para la educación pública en nuestro país. De ello da cuenta, principalmente, el nuevo marco jurídico e institucional [1] de la educación básica y media. La política educativa fue traducida de manera casi perfecta al lenguaje del derecho. De esa forma fue dotada con el don de la legalidad. El nuevo concepto de financiación basado en la demanda y las tendencias de privatización aparecen ahora como "mandato de la ley" y como "reglas de juego" rediseñadas para mejorar la cobertura y la calidad de la educación en Colombia.
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