A cerca de siete años de la firma del Acuerdo de paz celebrado con las FARC-EP es evidente que el gobierno de Duque no logró hacerlo trizas (en el sentido de destruirlo completamente), como era el propósito anunciado, pero sí pudo hacer trizas de él (en el sentido de hacer pedazos menudos). La estrategia que se vio obligado a poner en marcha, por razones políticas y jurídicas, fue la del "doble discurso" y la simulación de la implementación: manifestar su compromiso con lo convenido en La Habana, al tiempo que adelantaba una labor sistemática para obstaculizar el cumplimiento; formular (obligadamente) un capítulo específico de la implementación en Plan Nacional de Desarrollo (Acto Legislativo 01 de 2016, Art. 3º.) y presupuestar anualmente, por la obligación derivada del "trazador presupuestal para la paz" (Ley 1955, Art. 220), al tiempo que imputaba partidas presupuestales que en sentido estricto no correspondían a los propósitos de la implementación. Entre tanto, se tiene conocimiento de que los recursos para la paz se convirtieron en gran medida en otro de los botines de la corrupción estructural y en fuente de enriquecimiento individual descarado de jóvenes tecnócratas que llegaron a ser presentados como nuevas lumbreras. Toda esa operación tramada se selló con el rótulo de la "Paz con legalidad", y sus ejecutorias, dentro de las cuales los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), terminaron ocupando el lugar más destacado.