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Reavivar el acuerdo de paz con las FARC-EP. Propuestas de planeación y política pública

Reavivarelacuerdo

En coautoría con:

María Isabel Galvis Suárez

Carolina Jiménez Martín

Andrés Felipe Mora Cortés

Jose Francisco Puello-Socarrás

Francis Clarissa Vargas Díaz

En la cercanía del primer quinquenio de la firma del Acuerdo de paz celebrado el 24 de noviembre entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC-EP existen suficientes elementos de juicio y análisis para identificar el estado del proceso de implementación. "Paz ausente", "paz simulada", "paz pospuesta": estos son conceptos con los que el equipo de investigadores e investigadoras del Centro de Pensamiento y Diálogo Político han valorado en diversas publicaciones tal proceso. Estas nociones subrayan el incumplimiento, pero también la adopción por parte de los gobiernos de turno de medidas que dicen avanzar en la implementación de lo acordado, pero que más bien responden a intereses y priorizaciones que en la mayoría de los casos van en contravía de lo pactado al ajustarlos a sus estrechas agendas políticas, reproduciendo los obstáculos sociales, políticos, económicos y culturales que retardan e impiden la construcción de una paz estable y duradera.

Sin embargo, la situación de cumplimiento parcial, incumplimiento e, incluso, desfiguración a la que ha sido sometido el Acuerdo en el marco de la implementación no es atribuible únicamente a los gobiernos de turno. El Congreso de la República, al tiempo que en la fase de implementación temprana produjo importantes desarrollos normativos, también ha sido un escenario de inacción y de bloqueo de iniciativas fundamentales contempladas en el AFP. La Corte Constitucional, por su parte, ha validado la mayoría de las normas aprobadas, pero igualmente ha introducido sus propios ajustes, como ocurrió con los diseños de la Jurisdicción Especial para la Paz. A ello hay que agregar los condicionantes derivados de la organización institucional del Estado, entre otros, los que impone el régimen de descentralización vigente a aquellos gobiernos subnacionales que han querido tomar como propios los compromisos establecidos en el Acuerdo. Igualmente, la falta de compromiso de las instituciones públicas con la incorporación del Acuerdo a sus planes de acción y la poca pedagogía pública que ha existido en torno a la comprensión de lo acordado, de sus principios, disposiciones y de la perspectiva transformadora que este le brinda a la sociedad colombiana.

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